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CÓRDOBA (04/05/2012)



Mestre reglamentó los concursos para cargos permanentes


Fijó el marco general para ingresar a planta. Contratados no estarán obligados a rendir. Preparan las primeras convocatorias

El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, finalmente firmó anoche el decreto que reglamenta la ordenanza N° 10.174, a través de la cual se normativiza el ingreso a la administración pública municipal sólo mediante concursos públicos y abiertos.

Con esa herramienta legal, que motivó en las últimas semanas innumerables tironeos con el Suoem, ahora Mestre tiene el marco general para empezar a convocar a exámenes en las distintas áreas en las que haya que cubrir vacantes.
El orden de mérito resultante de los concursos tendrá vigencia por dos años, prorrogables por un año más si así lo requiere el Ejecutivo por necesidades de servicio.

En principio, los concursos iban a arrancar esta semana –según plazos que fijó el propio municipio en febrero último–, aunque obviamente esas fechas fueron reprogramadas, sin que se conozca todavía un nuevo cronograma de llamados.

Respecto de las expectativas del Suoem, que planteó con insistencia la necesidad de que unos dos mil trabajadores precarizados (1.400 contratados y 600 transitorios) conserven sus cargos, la reglamentación no da pistas terminantes.

Entre sus disposiciones transitorias, el decreto de Mestre señala que quienes ya se desempeñan en el municipio sin ser parte de la planta permanente tendrán “un puntaje adicional por antigüedad y buen desempeño, que será determinado en cada convocatoria”, pero no les impone la obligación tajante de presentarse a los exámenes.
La norma dice que ese universo de trabajadores “podrá” rendir concurso “en la medida en que las convocatorias pertinentes así lo determinen.

Ese punto es importante, en tanto y en cuanto desde el Ejecutivo se indicó siempre que los contratados debían pasar por concurso para validar su permanencia y que si no superaban un piso mínimo de “idoneidad” en la prueba de oposición, automáticamente podían quedar fuera de la administración.

Tal como está redactado ese artículo, se supone entonces que quienes opten por no rendir evitarán el filtro del concurso, pero quedarían igualmente a tiro de una decisión del Ejecutivo de no renovarles el contrato al término del mismo.
Otro punto llamativo de la reglamentación especifica que “a los fines de posibilitar que participen en el concurso”, a los contratados, transitorios o monotributistas se los podría “eximir de algunos requisitos exigidos en la convocatoria”.

Según se aclaró desde el Ejecutivo, esa precisión apunta a salvar limitantes de edad. Como regla general, los concursos pondrán un límite de edad de 30 años a los aspirantes, que si se aplica a los contratados, marginaría automáticamente a muchos de ellos. Esa sería, según el oficialismo, la razón de dichas excepciones.
El decreto de Mestre avanza además en la instrumentación de cuestiones operativas. Se ratifica que habrá en cada examen tres etapas: oposición (se trata del examen escrito), antecedentes y entrevista personal.

Por lo general, tendrán ese orden de prelación, para que la prueba de oposición determine si todos los postulantes son idóneos o no para aspirar al cargo, y que en una segunda etapa recién se evalúen los títulos y antecedentes.

De todos modos, la norma también señala que “excepcionalmente” se puede invertir ese orden “según las particularidades de los cargos a cubrir”, con lo cual los antecedentes cotizarían en primera instancia. No se aclara en qué casos será así.

Fuente: La Voz del Interior





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